Hay una solución de carga para cada empresa y necesidad. La experiencia del equipo de instaladores resulta esencial para encontrar la solución óptima. Las instalaciones más habituales son los puntos de recarga exterior (sobre poste) en aparcamientos al aire libre, y los puntos de recarga mural para garajes y aparcamientos cerrados. Pero hay emplazamientos que requieren soluciones técnicas innovadoras como por ejemplo proyectar un sistema monitorizado que permita bajar y replegar de forma automática las mangueras de recarga desde el techo del aparcamiento.

Un análisis previo del “status quo” de la movilidad en la empresa se hace imprescindible para contestar esta pregunta. La rentabilidad depende de varios factores, como el número de kilómetros que se realicen, el tipo de vehículo requerido, el rango diario de desplazamientos, etc. Como norma general, podemos decir que sí es rentable si se realizan más de 12.000 km anuales. Esto sin tener en cuenta otros beneficios medioambientales, de acceso a zonas urbanas con aparcamiento limitado, carriles BUS VAO, etc.

Cualquier proceso de movilidad corporativa exige un análisis previo de las necesidades de la organización. Contar con una empresa que pueda ocuparse de la planificación desde el punto de vista estratégico, económico y de garantías legales, además del diseño y ejecución de la instalación, ayudará a simplificar el proceso y le dotará de una mayor coherencia.Para la parte de la instalación del sistema de recarga se necesitará un instalador autorizado. En caso de que la instalación tenga una potencia instalada superior a 50 kW (o 10 kW en exterior), se precisa presentar un proyecto firmado por un técnico competente.

Habrá que recoger información acerca de la flota actual (número de vehículos, tipo, vehículos en propiedad o financiados), la demanda de sus desplazamientos diarios (horario de funcionamiento, tiempo aparcado), así como la cantidad de plazas de aparcamiento disponibles y su rotación, entre otras variables. Esta etapa resulta de especial importancia, pues determinará si requiere aumento de potencia en la instalación, en qué medida y qué tipo de punto de carga debe instalarse.

Un edificio comercial o industrial suele tener una potencia contratada ajustada a la potencia demandada. La potencia contratada es uno de los principales costes en la factura eléctrica. La implantación del vehículo eléctrico, especialmente si se instalan puntos de recarga rápida y dicha carga se realiza durante el día, incrementará la potencia demandada en las horas de mayor consumo. Por ello, es conveniente realizar previamente un estudio de cargas para conocer las implicaciones y calcular los costes de incorporar infraestructura de movilidad eléctrica en un emplazamiento empresarial.

La instalación de puntos de recarga es posible, aunque se debe tener en cuenta que se trata de una infraestructura cuyo traslado es costoso. Se deberá coordinar la instalación con el propietario del inmueble, especialmente en aquellos casos en los que no se disponga de contador específico para cada inquilino.

Además de las funcionalidades descritas en el punto anterior, un software de gestión permite recoger información esencial relativa a los consumos, tiempos de carga y costes, altas y bajas de usuarios, mantenimiento y cobro a los usuarios en los casos en que sea necesario.

Si se apuesta por un modelo en el que todos o algunos de los usuarios de los puntos van a abonar por la carga, el sistema de gestión de cobros debe integrarse en el software de gestión. Lo ideal es un sistema que permita el pago con tarjeta de crédito / débito, aunque otras soluciones como tarjetas de prepago, paypal o domiciliación periódica también se suelen utilizar.

Varía en función de parámetros como velocidad requerida de la carga, distancia a cablear, si es necesario realizar obra civil para enterrar cables, etc.Un ejemplo: instalar llave en mano un punto de recarga de 22 kW para hasta 3 vehículos que duermen en el garaje de empresa ha costado 3.500 €. Con las diferentes ayudas regionales del plan MOVES se puede cubrir el 30% del coste de la instalación para empresas privadas y el 40% para entidades públicas y particulares. Son subvencionables tanto la compra directa de puntos de carga como su financiación por renting.